Por HK-111
Recientemente el mundo es testigo del notable incremento de la violencia en Ecuador. La toma de un canal televisivo por 13 jóvenes en Guayaquil; la detonación de explosivos en diversas provincias del territorio nacional; la quema de vehículos y sus ocupantes en las calles; el sometimiento y secuestro de guardias penitenciarios y servidores policiales en Quito y en las cárceles de Cañar, Machala, Guayas, Loja y Napo; los ataques con explosivos a las unidades de policía comunitaria y la explosión de puentes peatonales son algunas de las expresiones utilizadas por la delincuencia organizada, que en los últimos días se ha propuesto demostrar su poder bélico y su presencia en todo el país.
En los últimos siete días la cifra de eventos violentos, hoy tipificados como actos de terrorismo no cesan, por el contrario, parecería ser que se incrementan sin control alguno. El gobierno del presidente Daniel Noboa y su gabinete llaman a la calma bajo la consigna de retomar el control del país y para ello decretan el estado de excepción, y un día después, en cadena nacional transmitida en todos los medios de comunicación, sentencian bajo decreto presidencial la existencia de un conflicto interno, acto que declara la guerra en Ecuador.
Parecería ser que esta situación no solo coloca en jaque la legitimidad del Estado, sino que, además, instala en la palestra pública y en la boca de la ciudadanía -poco critica-, la narrativa terrorista que deshumaniza a los jóvenes que hoy empuñan las armas. Esta narrativa está acompañada de la potestad que otorga el gobierno de Noboa a las fuerzas armadas para realizar operaciones sostenidas y combativas en las calles del país. Desde hace tres días los jóvenes de otrora son considerados y tratados como terroristas que deben ser combatidos a sangre y fuego como invocan los principios de la guerra.
Sin embargo, lo que el gobierno de Noboa y los medios de comunicación e incluso algunos sectores de la rancia academia ecuatoriana no mencionan, es que esos jóvenes y la sociedad en pleno han sido privados de sus derechos sociales, económicos y culturales. Es notable que en los últimos 7 años Ecuador asiste al desmantelamiento de la institucionalidad del Estado, marcada por el abandono de los territorios en los que históricamente han vivido las poblaciones más vulnerables y que hoy el Estado combate en una guerra que además de ser fratricida es una guerra en la que se cree que las desigualdades sociales se superan con bota y fusil.
Desconocer los derechos de esos jóvenes que hoy persiguen las fuerzas armadas ecuatorianas en las calles del país, es olvidarnos que son hijos, hermanos, padres, amigos y vecinos; es desconocer que el Estado ecuatoriano fracasó y, además, es aceptar que la sociedad ecuatoriana no tiene proyecto social o alternativa alguna a una realidad creciente y con fuertes raíces históricas, marcadas por la exclusión, la racialización, el abandono y la pobreza.
Ir tras esos jóvenes e instrumentalizar las fuerzas armadas del Estado para combatirlos, es ocultarle al mundo que ha sido el mismo Estado ecuatoriano el que ha vulnerado sus derechos. Estos jóvenes fueron condenados cuando el Estado dejo de invertir en la política de acceso social. Las imágenes de los jóvenes capturados que dan la vuelta al planeta, reflejan el rostro de miles de jóvenes condenados y sin oportunidades, sin nada que perder porque el Estado les arrebató todo, y hoy, les arrebata la vida en una guerra interna que no presenta alternativas a las precarias condiciones materiales y de existencia humana de los jóvenes ecuatorianos y sus familias.
Esta guerra sin sentido, hundirá al Ecuador en una espiral de violencia inimaginable, similar o peor a la que la que vive desde hace cinco décadas su vecino cercano.
Morir es ganancia en un país que no presenta alternativas.