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Elaborado por el Colectivo MARAMBIO

Las elecciones de medio término se perdieron por casi 8 puntos, la derecha se consolidó –al menos temporalmente- como primera minoría, se perdió el quorum propio en el Senado y Juntos mantuvo la capacidad de boicotear el funcionamiento de Diputados: sin embargo al finalizar la jornada de votación y durante los días posteriores, la sensación predominante no fue de derrota sino de recuperación, de alivio al poder afirmar que “hay 2023”. En política las expectativas juegan y el triunfalismo desmesurado de la derecha junto al derrotismo justificado de nuestra militancia por los resultados de las PASO y la discusión interna descarnada posterior, determinaron balances y reacciones que a un observador ajeno podrían parecerle contradictorias.

 

Frente a los resultados del 14/11 y en particular analizando la remontada en el conurbano que permitió casi empatar la elección en la provincia más importante, hay una primera conclusión a extraer y es que, aun cuando no lo esperemos, en situaciones límite, el pueblo irrumpe explicitando que el país profundo tiene memoria -el de los trabajadores, los pequeños comerciantes, los desocupados y sub-ocupados, los expulsados del sistema que pelean día a día por su supervivencia-.

Tenemos memoria para:

·         recordar que la felicidad en términos colectivos, aunque efímera, la experimentamos siempre durante gobiernos populares

·         identificar con claridad a los principales responsables de haber endeudado al país más allá de cualquier límite tolerable y haber condenado a la pobreza a más del 40 % de su población

Es en esa reserva combativa de nuestro pueblo, que a veces perdemos de vista frente al bombardeo constante e intenso de las usinas comunicacionales del poder real, sobre la que se sustenta la afirmación de que “hay 2023”.

Si la derrota hubiera sido catastrófica como vaticinaba la derecha, el avance para voltear al gobierno hubiera sido instantáneo: ponerle fin a un gobierno encabezado por el peronismo utilizando como ariete el enojo popular y la licuación del poder político delegado por medio del voto popular, significaría despojar a la política de cualquier contenido transformador en el sentido de beneficiar a las mayorías populares por un número importante de años y condicionar al sistema democrático para ponerlo definitivamente de rodillas frente al perenne poder real.

Recientes acontecimientos políticos como el fallo de la Corte en relación con la conformación del Consejo de la Magistratura o el rechazo del presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados explicitan de manera descarnada la magnitud de la disputa en juego y la irresponsabilidad extrema de una de las partes contendiente: el conglomerado variopinto hegemonizado por la derecha y la extrema derecha.

Más allá de especulaciones sobre enfrentamientos y realineamientos hacia el interior del Frente de Todos, la reacción posterior a la derrota en las PASO de setiembre, recuperó como eje central de la acción política la necesidad de ocupar la calle, el espacio natural de expresión del pueblo y del peronismo. Las movilizaciones del 17 y 18 de octubre, la del 17 de noviembre y la del 10 de diciembre marcaron momentos donde distintos sectores internos –incluyendo CGT y organizaciones sociales- expresaron su preocupación por la derrota en las PASO, el rechazo a las ínfulas desestabilizadores de la derecha y en consecuencia la natural defensa del gobierno sin dejar de señalar sus flaquezas y limitaciones, el reclamo de desarrollar políticas distributivas y cumplir con las promesas electorales y también la posibilidad de “festejar la democracia” junto a figuras emblemáticas de la Patria Grande reafirmando en ese marco que un acuerdo con el FMI no se alcanzará en base a un ajuste que solo podría empeorar los niveles insultantes de pobreza e indigencia actuales.

La presencia en la calle nos ha dado “aire”, a días de haber perdido una elección y nos ha permitido recuperar un espacio “propio” que la derecha intentó disputar aprovechando irresponsablemente las restricciones provocadas por la pandemia. El ejercicio permanente de la movilización adquiere en la etapa centralidad, porque por un lado le plantea en forma explícita al macrismo que la resistencia popular está viva y por otro al gobierno cual es la agenda que debe marcar su derrotero político -aún desde el apoyo, las recientes movilizaciones no son un cheque en blanco cuyo contenido puede ser discrecionalmente llenado por Alberto y sus ministros-.

Posiblemente el resultado de las elecciones de medio término acelere los tiempos de la disputa por la hegemonía al interior del Frente de Todos. Esa disputa se vio desde la constitución del Frente hasta las elecciones, como desarrollándose entre espacios políticos conformados en torno al kirchnerismo y su expresión electoral Unidad Ciudadana, el Frente Renovador de Massa y el albertismo; el resultado de las PASO primero y de las definitivas posteriores incorporó actores no alineados en los tres espacios anteriores, como los gobernadores, los intendentes del conurbano o la CGT y los movimientos sociales.

Sobre ésta disputa es interesante reproducir algunas reflexiones desarrolladas por el sociólogo Claudio Veliz en un artículo publicado en la La Tecla@Eñe (“La derecha por su nombre”), al que llegamos por la mención realizada al mismo por Eduardo Aliverti en su nota en Página 12 del 13/12. Véliz señala que a los movimientos políticos de Nuestra América de principios de siglo “les debemos su reinvención de la política, su apuesta por la integración regional, su revalorización de las luchas sociales y su reivindicación del protagonismo plebeyo”, pero también “el haber puesto en evidencia los ribetes reaccionarios y conservadores de (…) ‘liberalizaciones’ asumidas como irreversibles”. Continua señalando que la derecha no sólo “aprendió” a reconocerse como tal, sino que dobló la apuesta para publicitarse de ese modo porque no puede negarse que “ (…) ha allanado pacientemente el camino para exhibir su rostro más desenfadado, más desinhibido. (…) No ha hecho más que alardear de su odio y hostilidad hacia los sectores más vulnerables (el enemigo elegido a combatir), a los que ha designado de muy variadas maneras: planeros, vagos, negros, populistas, chorros, kukas. No debiera sorprendernos en absoluto que, con enorme justicia, muchos politólogos caractericen a esta coyuntura como neoliberalismo neofascista: explosiva combinación entre extremo liberalismo económico y sádica violencia política”. Veliz concluye entonces que “frente a tamaña virulencia contra quienes habitan la base de la pirámide social, y en virtud de este colosal poderío sustentado en los dispositivos mediáticos, financieros, judiciales e institucionales (además de sus inquebrantables relaciones con la embajada estadounidense), las vías para resistir los embates de esta derecha neofascista resultan cada vez más acotadas”, por lo tanto “cualquier alternativa que favorezca la dispersión, en nombre de una pretendida pureza política, no hace más que hundirnos en la impotencia. Cualquier exceso de pulcritud ideológica que sólo integre a los militantes inmaculados (las “almas bellas”) se torna imperdonable. Si lejos de intentar conectar/articular/componer las diferencias nos limitamos a celebrar su diseminación, habremos contribuido a una derrota segura. Si esta derecha criminal recupera el poder político (en su sentido de ejercicio directo del Ejecutivo, agregamos), podría sentirse tentada a cumplir con su explícita promesa genocida de una Argentina sin kirchneristas, peronistas, populistas, zurdos (sigue la lista). Aún estamos a tiempo de evitarlo”.

Partiendo de la coincidencia con lo señalado por Veliz en su artículo y de que la unidad del espacio que en 2019 se cobijó bajo el paraguas del Frente de Todos es imprescindible para que haya 2023, señalamos como necesario que el gobierno empiece a explorar caminos de acción que enmienden errores propios que significaron pérdida de capital político: archivar el posibilismo como justificación para no dar la discusión sobre reformas estructurales estratégicas, dejar de lado la corrección política cuando se trata de defender el bienestar del pueblo -que la oposición intenta permanentemente pisotear-, actuar con audacia en pos de defender los intereses populares.

La reactivación económica debe redundar en redistribución de la riqueza generada. Bajar los vergonzosos índices de pobreza, poner plata en el bolsillo de la gente, generar trabajo y controlar la inflación debe ser el centro de la política económica al que se deben condicionar tanto la negociación con el FMI y como la discusión con los grupos económicos oligopólicos. “Ante las grandes adversidades, grandes acciones” dijo Cristina el 10/12: control de precios de artículos de primera necesidad, servicios y transporte, impuesto a las grandes fortunas en forma directa o aumentando alícuotas de ganancias y bienes personales, protagonismo del Estado para vincular los agentes de la economía social con los consumidores y de los sindicatos en el seguimiento de las políticas distributivas, créditos a tasas accesibles para las Pymes, acuerdos con empresas y empresarios dispuestos a apoyar políticas de inclusión, no pago de los próximos vencimientos de capital e intereses del crédito otorgado por el FMI a Macri, puesta en marcha de obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo del país y aceleración del plan de construcción de viviendas en marcha. Justo es decir que parte de las medidas señaladas a modo de ideas para la acción, están siendo parcialmente ejecutadas por el gobierno, pero no se consigue presentar éstas acciones como parte de un plan general a desarrollar con continuidad.

El acuerdo con el FMI y evitar el default parecen lo deseable en la coyuntura con decenas de frentes de disputa abiertos. Sin embargo el acuerdo no debe condicionar el crecimiento del país y el desarrollo de políticas de inclusión. El gobierno debería explicitar el plan B para el caso que el acuerdo no se produzca y que nuestra derecha en tándem con el FMI decida profundizar su política de derribo. El rechazado presupuesto 2022 implicaba un avance en ésta dirección: al no incorporar pagos de deuda durante el año demostraba que la deuda, en los términos en que fue contraída, es impagable.

La Justicia no se auto-depurará. Sabemos que no será posible en la actual correlación de fuerzas incrementar el número de miembros de la Corte, plantear el juicio político de los jueces cabeza del lawfare o que la cámara de senadores elija a un nuevo procurador, pero si creemos posible explicitar propuestas y discutir las mismas de cara a la sociedad. El tema poder judicial sirve para ejemplificar las limitaciones de nuestro espacio a la hora de construir poder popular: frente al desprestigio inédito de la justicia y el rechazo popular a su forma de funcionamiento, el gobierno en lugar de aprovechar el descontento para presentar a la sociedad un proyecto de democratización que vaya construyendo los consensos necesarios –dentro y fuera del propio poder- para imponerlo en el futuro, mantiene una discusión de “especialistas” entre bambalinas equiparando la legitimidad popular refrendada mediante el voto con el poder oligárquico del que hace uso y abuso la corporación judicial.

Por lo anterior, esperar que sean los propios jueces los que pongan fin a la oprobiosa situación de los presos políticos -siendo la de Milagro la paradigmática- significa hoy adoptar una actitud cómplice con los carceleros. Debe dejarse en claro ante la opinión pública que la pelea por la libertad de los presos cuyo único “delito” ha sido formar parte un gobierno popular y luchar por una sociedad más justa, es uno de los ejes políticos de la acción de gobierno. El lawfare existe y una de sus consecuencias más terribles es la privación de la libertad de los compañeros: no debemos llegar al 2023 sin lograr su liberación.

Durante las últimas semanas se han producido casos de gatillo fácil con consecuencias trágicas en CABA y Provincia de Buenos Aires, represión a pueblos originarios por defender sus territorios ancestrales en Río Negro y represión del levantamiento popular en Chubut como reacción a la sanción de la ley que permitía el desarrollo de la megaminería en la meseta central patagónica. El uso de la fuerza contra el pueblo por los estados provinciales no se puede justificar en el cumplimiento de resoluciones judiciales en defensa fundamentalista de la propiedad, cuyas consecuencias trágicas se miden en adolescentes asesinados por su color de piel o procedencia, en pueblos originarios castigados por cuestionar desde sólidos argumentos históricos que sus territorios les sean arrebatados para solaz de algún hiper-millonario amigo de Macri o para desarrollar proyectos inmobiliarios, en vecinos de pueblos patagónicos baleados por pelear para que el agua de su único río no sea irremediablemente contaminada. El castigo a los culpables debe ser inmediato como primer paso en dirección a dejar clara la decisión política de que a la conflictividad social no se le responderá desde la represión sino desde el reconocimiento de derechos y el diálogo.

Para cerrar, haciéndonos eco del espíritu latinoamericanista del acto del 10/12 y en medio la felicidad provocada por el triunfo de la izquierda en Chile, reproducimos parte del discurso de Boric posterior a su triunfo, que creemos enmarca el tipo de procesos que deben encarar las fuerzas populares de nuestra Patria Grande:

"Debemos avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales sin dejar a nadie atrás; crecer económicamente; convertir lo que para muchos son bienes de consumo en derechos sociales sin importar tamaño de billetera; y garantizar la vida tranquila y segura".

“Nuestro proyecto también significa avanzar en más democracia y, por supuesto y como ya lo hemos dicho, cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor”.

“Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división”.

“Gracias a las mujeres de la patria. Que se organizaron en todo Chile para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde el derecho a voto hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decido formar hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Cuenten con nosotros. Ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno”.

“Las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas y en esta campaña vieron amenazadas los pocos avances que han logrado: en nuestro gobierno la no discriminación y detener la violencia contra diversidades y mujeres junto a las organizaciones feministas será fundamental”.

“Desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso, la ley de la selva, y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Vamos a cuidar la democracia, cada día, todos los días. El respeto a los derechos humanos, siempre y en todo lugar debe ser un compromiso inclaudicable y que nunca, por ningún motivo, un presidente le debe declarar la guerra a su propio pueblo. Verdad, justicia, reparación y no repetición”.