Publicado en Tektonikos.website, el junio 10 de 2026
Entrevista a Diego Moscoso Sanginés, analista especializado en el movimiento obrero.
A poco más de seis meses de la asunción del gobierno de Rodrigo Paz, Bolivia enfrenta un conflicto social y político de amplias dimensiones. Un paquete de medidas de ajuste feroz, al estilo del neoliberalismo extremo que caracteriza a las ultraderechas que acceden al gobierno en estos últimos tiempos, pero que contrasta con las promesas electorales que lo llevaron a ganar el balotaje contra la derecha boliviana tradicional, provocó la rebelión de distintas organizaciones sociales, encabezadas por la histórica Central Obrera Boliviana (COB). Decenas de bloqueos de carreteras y enormes manifestaciones, duramente reprimidas, fueron llevando en algo más de un mes al país al borde de una crisis política de consecuencias impredecibles e inesperadas para un gobierno recientemente asumido. La sombra de la internacional de la ultraderecha con el protagonismo intervencionista de Javier Milei y la injerencia explícita de los Estados Unidos le dan al conflicto un cariz acorde con los tiempos. Conversamos para analizar esta situación con el analista político y economista boliviano Diego Moscoso Sanginés.
Bolivia enfrenta una crisis que pone al borde del colapso al gobierno de Rodrigo Paz, que lleva apenas medio año. Medidas antipopulares y una traición a los sectores sociales que constituyeron el grueso de su electorado ante la debacle de la izquierda lo enfrenaron con una reacción masiva de las organizaciones sociales, encabezadas por la Confederación Obrera Boliviana (COB), con marchas y bloqueos en las principales ciudades de Bolivia, en un enfrentamiento con el gobierno que cada día parece más caótico, con Paz cada día más decidido a la represión, mostrando el respaldo abierto de los Estados Unidos y los gobiernos de derecha del continente.
En opinión de Diego Moscoso Sanginés, analista boliviano especializado en cuestiones del movimiento obrero, se trata de un conflicto en donde ambos polos están jugando una prueba de fuerza que busca el desgaste y la derrota del oponente, sin demasiado margen para la negociación. La demanda de los movimientos sociales, con sus bloqueos que estrangulan la circulación de mercancías y personas en los nudos estratégicos de comunicaciones, es directamente la renuncia del presidente. A su vez, Paz apuesta al crecimiento de una oposición popular o de sectores medios de las ciudades por hartazgo frente a la escasez y la paralización económica, es decir, fomentar un enfrentamiento de sectores sociales que facilite la imposición de las medidas.
A esto se suma la represión brutal, que ya ocasionó algunos fallecidos entre los manifestantes, a la vez que persigue judicialmente a los dirigentes obreros y, por supuesto, a Evo Morales, amenazando con la intervención de las fuerzas armadas. En esta última dirección apunta la derogación de los límites que, a raíz del golpe de Añez, se le habían puesto a la Ley del estado de excepción, lo que deja las vías libres a una represión aún más salvaje.
La resurrección del movimiento obrero
La otra novedad que marca el analista boliviano es que, a diferencia de las protestas del inicio de los 2000, que llevaron a la irrupción del liderazgo de Evo Morales y el gobierno del MAS, en esta oportunidad es el movimiento obrero el que encabeza la movilización, en lugar del campesinado o los cocaleros del Chapare. Se trata, para Moscoso, de “una rearticulación del movimiento popular encabezada por la Central Obrera Boliviana, por los mineros, el sector fabril y demás componentes de los sectores de trabajadores asalariados en coordinación con sectores campesinos, transportistas, algunos gremios y sectores de estudiantes activistas que siempre están acompañando todas las movilizaciones sociales”.
La COB ya organizó importantes movilizaciones a fines del 2025 ante las primeras medidas de Paz, que lograron frenarlas en su mayoría, aunque el gobierno no cejó en su intento de imponer políticas antipopulares. Sus dirigentes empezaron a ser perseguidos y amenazados con cárcel, pasando varios de ellos a la clandestinidad, incluido el secretario ejecutivo Mario Argollo. Pero lo más significativo no es el renovado poder de movilización de la COB sino su propuesta programática, que en algunos casos retoma la línea histórica de los programas obreros y, en otros, se mete de lleno con los problemas inmediatos del país andino. Diego Moscoso recalca que “(aunque) fue el campesinado el que lideró a principios de este siglo las protestas, ahora hay un movimiento obrero más organizado, más cohesionado, con un programa político más claro y realizado por los obreros fabriles, aunque la central obrera siempre está, por tradición, encabezada por el sector minero”. Aunque en la COB también hay sectores campesinos y la unión obrero-campesina siempre formó parte de su programa, se trata, en opinión del académico boliviano, de “una alianza orgánica de los mismos dirigentes que representan a obreros y campesinos, lo que es una especie de novedad en los procesos políticos de América Latina de estas últimas décadas, en que se ha desdibujado el papel del movimiento obrero”.
De acuerdo con Diego Moscoso, “uno de los elementos interesantes de la propuesta de la COB para salir de la crisis es el control de divisas por exportaciones, porque básicamente la crisis en Bolivia es porque el Estado no consigue suficientes dólares para el comercio internacional”, lo que provocó “una subida de precios y una devaluación de la moneda, porque los dólares en su mayoría pertenecen al sector privado”. Como explicó el economista, los exportadores, en su mayoría capitales trasnacionales, no están obligados a liquidar las divisas en el país. Recapitula Moscoso: “el famoso 21.060, que fue el decreto que implementó el neoliberalismo en 1985 en el gobierno del tío abuelo del presidente actual, Víctor Paz Estenssoro, en su artículo cinco tenía un elemento clave que obligaba a los exportadores a liquidar sus divisas en el Banco Central, controlaba el dólar, controlaba las divisas. No las exportaciones, pero sí el efectivo. Y eso fue hasta el último día del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), que saca un decreto eliminando esa obligatoriedad de los exportadores con el argumento de que como ya estaba todo privatizado, la tendencia era que las reservas se iban a incrementar, ya no había necesidad de que los exportadores liquiden todo”.
Durante los gobiernos del MAS, el control de cambios no se restableció. Como el eje de su política económica fueron las nacionalizaciones de empresas estratégicas, no se controló las divisas de las exportaciones “porque el crecimiento exportaba bastante, el Estado exportaba y las divisas alcanzaban lo suficiente. Pero el Estado ya no tiene esa capacidad de exportación como antes”, explica Moscoso. “Con la crisis de las exportaciones y la disminución de precios ya no había el mismo flujo. Arce debería haber hecho justamente eso, restablecer el control de cambios, para que los exportadores liquiden sus divisas en el Banco Central. Pero no lo hizo, no se animó. Si el Estado no controla las exportaciones e importaciones para tener las divisas suficientes para el mercado internacional no va a haber solución, la tendencia va a ser la mayor devaluación de la moneda, incremento de precios y escasez de productos que se necesitan importar, no solamente para el consumo, sino de insumos, materias primas que son básicas para la industria”. Se trata, continúa, de una medida controvertida, incluso revolucionaria en este contexto, pero necesaria y es un punto fundamental en el programa de la Central Obrera Boliviana.
El problema de las divisas no es solo de macroeconomía, sino que tiene un reflejo en lo cotidiano en la escasez de combustible, agravada por los bloqueos pero, principalmente, como consecuencia de la falta de divisas para importar. Una de las más impopulares medidas de Paz, la supresión de la subvención al precio del combustible intentó responder al problema desde la mirada profundamente neoliberal de quitar la regulación estatal de la economía, con el resultado de que cuando el Estado quiso tardíamente intervenir, lo hizo de la peor manera posible, creando una insólita crisis por la importación de combustible adulterado. El remedio fue mucho peor que la enfermedad, pues provocó la rotura masiva de motores, llevando el malhumor social por las nubes.
En ese contexto, los bloqueos, que a fines de mayo cortaban más de 90 carreteras y cruces de caminos en todo Bolivia, terminan conformando una alianza de hecho entre sectores obreros y campesinos. En el programa de la COB, explica Diego Moscoso, “se encuentran elementos bastante avanzados que ya estaban en programas anteriores, pero la novedad de este programa político de la COB está en la autogestión obrera como un ideal, algo que hay que alcanzar, y el control de divisas, que serían los elementos que resaltan, junto con la alianza obrero-campesina”.
La crisis política
A su vez, la presencia o la conducción de los partidos políticos se encuentra desdibujada, especialmente a partir de la crisis y división del MAS, aunque Moscoso rescata la vigencia de la figura de Evo Morales, acorralada por la persecución primero del expresidente Arce y ahora por Paz. “Evo no es solo un líder político, es un factor de poder. No hay ninguno, ni uniéndose el resto de los líderes políticos, que pueden alcanzar la dimensión del poder político de Evo Morales y el impacto en la sociedad, sobre todo los sectores populares”. El gobierno usa también esa circunstancia como una “estrategia propagandística” para “achacar todos los males a la figura de Evo Morales, incluso dándole más poder del que realmente tiene, como que Evo Morales financia las marchas, todos son seguidores de Evo Morales”. Sin embargo, en la práctica, aunque Evo conserva enorme influencia, también está disminuido en su capacidad de acción al quedar recluido en el Chapare bajo el peligro de ser detenido, protegido por las organizaciones de base de los cocaleros. La amenaza, aunque no haya hasta el momento ninguna evidencia de que se haya avanzado en lo concreto en esa posibilidad, es extraditar a Evo a los Estados Unidos, a formar parte de esa suerte de galería de trofeos de Donald Trump de líderes antiimperialistas capturados o asesinados.
Otro elemento que destaca Diego Moscoso es que el apoyo de amplios sectores sociales a Paz como un mal menor en la segunda vuelta electoral ante la debacle autoinfligida del MAS implicó la importancia de la adhesión a la figura del vicepresidente Edmand Lara, un expolicía rebelde que creció como influencer en redes sociales. Lara, sin embargo, fue apartado de todas las decisiones apenas la fórmula asumió el gobierno, y tampoco demostró capacidad para canalizar el apoyo recibido ni mostrarse como mediador en el conflicto.
Las medidas neoliberales extremas implementadas por Paz desde el principio lo enfrentaron rápidamente con esa base que optó por él y le posibilitó la llegada a la presidencia. “Paz conformó su gabinete con los cuadros políticos y técnicos de Doria Medina, de Tuto Quiroga y el sector agroindustrial de Santa Cruz, es decir, sus adversarios políticos en la contienda electoral son quienes le están acompañando en su gestión gubernamental”, afirma Moscoso. A su vez, “no concertó ningún espacio político para las organizaciones sociales que lo apoyaron”, excluyendo a los sectores populares, por primera vez en casi veinte años (con la excepción de la breve dictadura de Añez) del acceso a los lugares de decisión política del Estado. En contraposición, el gobierno insiste con la vuelta de los préstamos del FMI, mientras que “en su campaña decía que no iba a acudir al Fondo Monetario ni organismos internacionales, que él sabía cómo salir de la crisis sin necesidad de endeudarnos y depender de estos organismos internacionales y hay un descontento generalizado respecto a eso. Es uno de los elementos que más ha golpeado a la gestión de Rodrigo Paz”.
La evolución de los acontecimientos va cerrando el camino de la negociación política, con ambos bandos endurecidos. Añade Moscoso que el gobierno “está viendo la solución por el lado de la confrontación. No han estado utilizando todavía las fuerzas militares ni el estado de excepción, posiblemente lo puedan utilizar después, pero lo que están organizando son grupos de choques fascistas para resistir”. De esta forma, la espiral del conflicto lleva a una prueba de fuerza de resistencia, en que se impondrá quién presiona más fuerte y al mismo tiempo quién aguanta más tiempo. La propia COB y los sectores campesinos del altiplano proponen como horizonte de lucha la renuncia del presidente, por lo que “el gobierno está apuntando al desgaste de las movilizaciones, que pase el tiempo hasta que ya no tengan fuerza y presionar sobre la misma población”. Esta apuesta es sobre todo en La Paz, que es la que está sufriendo el principal asedio, y trata de exacerbar los ánimos de la población para que rechacen o se levanten contra las organizaciones sociales movilizadas. En suma, “no hay un plazo, petitorio o demandas que permitan una mesa de diálogo con el gobierno para conseguir una agenda y tampoco el gobierno tiene la capacidad ni la voluntad de auspiciar un encuentro”.
Moscoso también señala que las organizaciones sociales aún tienen mucho para movilizar y escalar el conflicto, entre otras cosas porque en el escenario principal de los bloqueos carreteros, el altiplano, es época de siembra, y los campesinos “tienen que alternar entre sus actividades diarias de supervivencia y la presión social”. En ese contexto, la perspectiva política continúa abierta, pues la renuncia de Paz, si se produce, llevaría a un gobierno aún más débil y tironeado desde diferentes sectores de la sociedad boliviana. De esa manera, “la renuncia de Paz no es garantía de triunfo, porque los problemas son estructurales, problemas de decisiones políticas y la principal es el control de divisas de exportaciones” que no puede llevar adelante un gobierno débil.
La intervención de los Estados Unidos y sus satélites
La subordinación de la clase dominante boliviana a los intereses de los poderes imperiales es una constante en su historia, con algunas rupturas fuertes, la más reciente con la llegada de Evo Morales a la presidencia. A su vez, tanto Brasil como Argentina, como países hegemónicos o subhegemónicos en la región, han tenido una injerencia notable en la política boliviana. En el caso argentino, los ejemplos sobran, y son bastante recientes, como el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al golpe de Estado en 2019 con el envío de armas para la represión y, anteriormente, la intervención de la dictadura argentina en 1980 fomentando el sangriento golpe del general García Meza.
Javier Milei no es ajeno a esta línea histórica. Aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina han aterrizado en territorio boliviano trasportando supuesta ayuda humanitaria por los suministros que no llegan a las ciudades por el bloqueo, versión que, dado los antecedentes de los anteriores vuelos en tiempos de Macri, genera evidentes dudas sobre el contenido de la carga de estos aviones.
Más controvertido aún es el rol del asesor argentino de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, personaje de trayectoria poco trasparente, fundador de “La Derecha Diario”. Sus apariciones públicas previas en el plano internacional lo sitúan en Honduras asesorando al candidato de Donald Trump y actual presidente Nasry Asfura y, antes, con el clan Bolsonaro y su asalto al Planalto el 8 de enero de 2023. En la Argentina, Cerimedo forma parte del grupo de notables de extrema derecha que circulan alrededor del núcleo de poder del mileísmo, con vínculos estrechos con la estrategia del trumpismo para el sometimiento de América Latina a su esfera de influencia. En Bolivia, aparece como una figura poderosa en el gobierno de Rodrigo Paz.
Para Moscoso, el rol poco claro de este asesor puede estar atrás de la política de Rodrigo Paz de llevar la confrontación al extremo. “La presencia de este señor en Bolivia explica algunas decisiones del gobierno, en la intransigencia con la movilización popular, incentivar los enfrentamientos, los grupos de choque, la exacerbación del racismo, la guerra digital de fake news, la persecución política a los dirigentes sociales y sindicales, por ejemplo”. Sea así o no, llama la atención la centralidad de un asesor extranjero en un gobierno en crisis, a tal punto que también genera rispideces dentro de la propia derecha boliviana. Un dirigente que participó del gobierno de Añez, Marcel Rivas, lo acusó de fomentar el caos como estrategia política, no con respecto al conflicto, sino incluso dentro del propio gobierno.
Cerimedo no es más que una pieza en un esquema injerencista más poderoso. Las declaraciones de importantes funcionarios del gobierno estadounidense en un apoyo al gobierno sin tapujos lo evidencian. Moscoso añade que “a los días de la asunción de Paz, Bolivia rompió relaciones con Irán y las retomó con Israel, permitió nuevamente que no haya visa para que los israelíes vengan a Bolivia, hay una llegada del Mossad dentro de los aparatos de inteligencia”. Los vínculos entre estos elementos con la profundización de la represión y la derechización del gobierno de Paz y la política de control hemisférico de los Estados Unidos son claros.
Ya mencionamos antes la amenaza permanente sobre Evo Morales, que también forma parte de esta agenda, en que “no lo quieren libre ni activo políticamente, pero tampoco lo quieren en una cárcel en Bolivia porque eso generaría también una situación en la que estaría activo, estaría presente y habría hasta incluso miles de personas movilizadas”. La solución, entonces, sería forzar su salida, voluntaria o forzada, aunque es “un equilibrio difícil, si apresan a Evo Morales, o intentan asesinarlo, el país se sale de control. Puede estallar una guerra civil por esa situación. Ese es un elemento también que deben estar considerando los poderes fácticos en Bolivia y en los Estados Unidos”.
Por último, y a pesar de la complejidad del panorama, el analista boliviano considera que este ejercicio de movilización está “permitiendo una rearticulación de las organizaciones sociales y la construcción de un programa político, porque no solamente son las demandas sectoriales las que motivan las movilizaciones en diferentes lugares”. La posibilidad de que este proceso se consolide en una nueva agenda que actualice el proceso de cambio que empezó con la renuncia de Sánchez de Lozada en 2003 y continuó con los gobiernos de Evo Morales, está latente.